700 vidas protegidas: cuando la Justicia reconoce el valor de las asociaciones de cannabis

Una decisión sin precedentes del Tribunal de Justicia de Río Grande del Norte acaba de garantizar el derecho de cultivo y producción artesanal de cannabis medicinal para aproximadamente 700 pacientes y colaboradores de la Asociación Reconstruir, una organización sin fines de lucro que opera en el estado desde 2018. El habeas corpus colectivo reconoció la urgencia y legitimidad de la actuación de la asociación, otorgando un salvoconducto preventivo a todo su cuerpo de asociados y profesionales involucrados en la cadena productiva del aceite terapéutico.

He actuado como abogada en este proceso y, a pesar de toda mi experiencia en el campo del derecho cannábico, debo decir que esta decisión nos conmueve. Porque va mucho más allá de un caso jurídico. Representa el reconocimiento del valor social de un trabajo que surge donde el Estado falla. Y deja en claro que la regulación en curso puede no ser suficiente para quienes más la necesitan.

Asociaciones siguen al margen de la regulación federal

Desde que el STJ ordenó que la Anvisa y la Unión presentaran un plan de regulación del cultivo de cáñamo medicinal antes de septiembre de 2025, el sector espera con ansias la definición de reglas claras. Pero un punto no puede ser ignorado: la regulación exigida por el STJ tiene un enfoque específico sobre quiénes podrán cultivar y producir en Brasil, en este caso, para las empresas farmacéuticas.

Asociaciones como Reconstruir, que prestan un servicio de utilidad pública al margen de la industria, pueden no ser contempladas. Y esto es grave. Porque son ellas las que garantizan el acceso real a cientos (a veces miles) de pacientes que no pueden importar o comprar productos en farmacias autorizadas.

La importancia de la decisión del TJRN

Al otorgar el habeas corpus colectivo, el TJRN reconoció que Reconstruir actúa con respaldo técnico, médico y científico, respetando el principio de la dignidad humana y el derecho fundamental a la salud. Y fue más allá: amplió la protección no solo al cuerpo directivo de la asociación, sino también a sus pacientes y colaboradores, permitiendo que el trabajo continúe sin el constante riesgo de criminalización.

Esta es una victoria que puede, y debe, inspirar a otros estados y tribunales. Porque judicializar el acceso a la salud es una consecuencia directa de la omisión legislativa y regulatoria. Pero, mientras el Congreso, la Anvisa y la Unión no avanzan, la Justicia ha cumplido un papel esencial de reparación y protección de los derechos fundamentales.

Acceso a cannabis es justicia social

La mayoría de los pacientes atendidos por Reconstruir viven en situaciones de vulnerabilidad. El aceite proporcionado por la asociación se produce con responsabilidad técnica y se distribuye a precios que pueden ser hasta un 80% más bajos que los cobrados por productos importados o vendidos en farmacias.

Esto no es solo un dato económico, es un dato social. Se trata de justicia. Se trata de garantizar una vida digna para quienes están fuera del radar del mercado formal, pero no pueden esperar a que la política pública llegue a su puerta.

Una invitación a la reflexión y la acción

La decisión del TJRN es motivo de celebración, sí. Pero también es una advertencia. Si la regulación federal continúa ignorando a las asociaciones, estará fallando a quienes más lo necesitan. La historia de la cannabis medicinal en Brasil se ha escrito con coraje, solidaridad y resistencia, y las asociaciones son prueba de ello.

Que este texto no sea solo un relato de victoria jurídica, sino una invitación a la reflexión y la construcción colectiva de un modelo regulatorio que contemple a todos. Porque nadie puede quedar atrás.