Cuando el Estado aún experimenta, los pacientes ya existen

La reciente iniciativa de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de crear un llamado “sandbox regulatorio” para actividades relacionadas con el cannabis medicinal revela una realidad incómoda: Brasil aún no ha construido un marco regulatorio estructurado para las asociaciones de pacientes.

En lenguaje técnico, el sandbox es un ambiente experimental, temporal y precario, creado para que la propia agencia pueda probar modelos, producir evidencias y, solo después de eso, decidir si edita —o no— una regulación definitiva.

En lenguaje simple: el Estado aún no sabe cómo regular y decidió experimentar.

El problema es que, mientras la Administración Pública prueba hipótesis, miles de pacientes ya existen. Ya sufren. Ya dependen de tratamiento continuo. Ya han encontrado, en las asociaciones, el único medio viable de acceso a la terapia.

Esta es la asimetría central del debate.

Por un lado, un aparato regulatorio que avanza lentamente, atrapado en ciclos administrativos, consultas públicas, grupos de trabajo y ambientes experimentales. Por otro, personas reales, con epilepsias refractarias, trastornos del espectro autista, dolores crónicos, enfermedades degenerativas, cáncer, fibromialgia y otras condiciones que requieren atención ahora —no después de la próxima resolución.

El sandbox regulatorio no es política pública. No es un marco definitivo. No crea estabilidad jurídica. No asegura continuidad terapéutica. Puede ser cerrado en cualquier momento. No genera derecho adquirido. No reconoce modelos organizacionales existentes.

Es, jurídicamente, un laboratorio normativo.

Esto significa que asociaciones y pacientes son invitados a pisar un terreno inestable, revocable, provisional. Un suelo que puede ceder en cualquier instante por decisión administrativa. Una verdadera arena movediza regulatoria.

Y es aquí donde surge la inversión más grave: se pretende desplazar a personas que hoy ya son atendidas por estructuras asociativas organizadas hacia un experimento estatal incierto.

Mientras tanto, las asociaciones siguen haciendo lo que el Estado aún no ha logrado estructurar.

Hoy, existen asociaciones en Brasil con miles de asociados activos, manteniendo seguimiento médico continuo, desarrollando protocolos clínicos propios, promoviendo asistencia social, generando empleos directos e indirectos e impulsando proyectos de investigación científica.

Estas entidades no son proyectos piloto. No son experiencias embrionarias. Son estructuras comunitarias de salud en pleno funcionamiento.

Más importante: no operan al margen de la medicina.

El suministro está condicionado a la prescripción médica individualizada, hay seguimiento clínico, registro nominal de los pacientes, trazabilidad de los preparados y control interno de producción. No existe acceso libre, no existe distribución indiscriminada y no existe finalidad recreativa.

Se trata de cuidado terapéutico organizado, dirigido a pacientes con patologías específicas, muchos de ellos en situación de extrema vulnerabilidad.

El propio Poder Judicial ya ha reconocido este carácter técnico y supervisado del modelo asociativo, al afirmar que el uso del cannabis debe estar necesariamente condicionado a la prescripción médica. Es decir: no se trata de liberalización irrestricta, sino de acceso terapéutico controlado, clínico y responsable.

El paradoja es evidente: mientras el Estado aún intenta comprender el fenómeno a través de un sandbox regulatorio, la sociedad civil ya ha construido soluciones concretas, funcionales y socialmente validadas.

La pregunta que debe hacerse es directa: ¿tiene sentido retirar a los pacientes de un suelo ya existente para colocarlos en un ambiente experimental?

La regulación sanitaria debería existir para viabilizar derechos fundamentales, no para suspendérselos.

Cuando el Estado se demora, la sociedad se organiza. Cuando la burocracia se estanca, el cuidado encuentra caminos alternativos. Así ha sido en otros momentos de la historia de la salud pública —y ahora se repite con el cannabis medicinal.

El debate sobre las asociaciones no es solo técnico. Es constitucional.

No estamos hablando de innovación regulatoria abstracta. Estamos hablando de dignidad humana, continuidad del cuidado y acceso real a la salud.

El sandbox puede ser una herramienta administrativa útil para que el Estado aprenda. Pero no puede servir como excusa institucional para retrasar una regulación efectiva de las asociaciones que ya existen, ya atienden y ya cuidan.

Los pacientes no viven en un ambiente experimental.

Viven en el cuerpo.

Y el cuerpo no espera.

La opinión del autor no refleja, necesariamente, la opinión de Sechat.