La urgencia de revisar la RDC 659/2022: obstáculos regulatorios para la investigación científica con Cannabis en Brasil

Brasil está viviendo una contradicción normativa que impacta directamente en el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la Cannabis sativa L.

A pesar de los avances en el debate público y jurídico sobre el tema, aún vivimos bajo el peso de una regulación tímida, restrictiva y desactualizada, la RDC n.º 659/2022 de la Anvisa, publicada con la propuesta de disciplinar la importación de productos a base de Cannabis para fines científicos y medicinales, ha terminado por convertirse en un obstáculo para el avance de la investigación, especialmente en lo que se refiere a las Instituciones de Ciencia y Tecnología (ICTs) privadas.

La norma restringe su aplicación a las llamadas "instituciones de enseñanza e investigación", sin reconocer expresamente a las ICTs como legítimas promotoras de estudios científicos, aunque estén registradas en el CNPq, reconocidas como sin fines de lucro y operen exclusivamente con objetivos científicos.

La exclusión no encuentra respaldo constitucional, legal o técnico, y resulta en un bloqueo burocrático que impide el florecimiento de una ciencia aplicada, autónoma y orientada a las necesidades sociales y ambientales del país.

Es importante recordar que la Constitución Federal de 1988, en su artículo 218, afirma que "el Estado promoverá e incentivará el desarrollo científico, la investigación, la capacitación científica y tecnológica". Más aún: el Marco Legal de la Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley n.º 13.243/2016) reconoce expresamente, en el artículo 2, inciso IV, a las Instituciones de Ciencia y Tecnología (ICTs), públicas o privadas, como protagonistas legítimas del sistema nacional de innovación.

Adicionalmente, la Ley de Drogas (Ley n.º 11.343/2006), en su artículo 2, autoriza de forma clara el cultivo y la manipulación de vegetales prohibidos, como la Cannabis, para fines medicinales o científicos, siempre que sean previamente autorizados por el poder público. Por lo tanto, lo que falta no es ley, sino regulación técnica sensible a la pluralidad de las instituciones que producen ciencia en el país.

El problema es que la RDC 659/2022 fue construida desde una visión conservadora, que ve la investigación solo en el entorno universitario formal, ignorando la existencia de ICTs independientes, institutos de investigación acreditados y centros de tecnología aplicada que, muchas veces, cuentan con más infraestructura y rigor técnico que las facultades privadas de pequeño tamaño.

En el caso de la Cannabis, esta limitación es particularmente grave. Como la RDC no contempla el cultivo nacional de la planta ni siquiera para fines científicos, los investigadores se ven obligados a importar extractos listos del extranjero, lo que encarece los proyectos, limita las muestras y genera dependencia tecnológica de países que ya han regulado el tema basándose en la ciencia y la soberanía. En la práctica, Brasil se sitúa al margen de la innovación biomédica, agrícola e industrial asociada a la Cannabis, a pesar de contar con clima, biodiversidad y capacidad técnica de sobra para liderar la agenda en América Latina.

 En el Instituto de Ciencia y Tecnología Cannabis Brasil (ICTCB), hemos recibido constantes solicitudes de colaboración de universidades, laboratorios y startups interesadas en validar tecnologías derivadas del cáñamo y de otras variedades de la planta. Sin embargo, ni siquiera podemos iniciar protocolos experimentales con cultivos, aunque estos se realicen de forma controlada, con rastreabilidad, sin fines comerciales y exclusivamente orientados al progreso científico.

La inseguridad jurídica y la falta de una autorización especial para el cultivo experimental obstaculizan el avance de investigaciones urgentes, que van desde estudios farmacéuticos hasta aplicaciones en biotecnología ambiental.

Es necesario reconocer que la Anvisa perdió la oportunidad de incluir a las ICTs en la RDC 659/2022, y con ello dejó de fomentar un ecosistema científico más ágil, plural y eficaz, es necesario revisar la norma.

Es deseable establecer criterios técnicos objetivos que permitan el cultivo científico institucional, con controles sanitarios, rastreabilidad y responsabilidad institucional, como ya ocurre con otras sustancias sujetas a control especial.

El país debe decidir: ¿seguirá importando conocimiento o comenzará a producirlo? La ciencia con Cannabis no puede depender de autorizaciones judiciales casuísticas, ni de la interpretación subjetiva de servidores públicos que niegan lo que la ley ya permite. La regulación sanitaria debe servir a la ciencia, y no bloquearla.

La revisión de la RDC 659/2022 es urgente, no solo para corregir una omisión técnica, sino para alinear a Brasil con los valores constitucionales de la dignidad humana, la salud y la libertad científica. Nos encontramos ante una planta con un potencial terapéutico, agrícola e industrial innegable. Corresponde a la Anvisa y a los organismos reguladores crear las condiciones para que este potencial sea estudiado con rigor, ética e independencia, y no seguir imponiendo barreras a quienes buscan conocimiento.

La ciencia brasileña no puede ser tratada como un riesgo sanitario. Es, de hecho, la mejor herramienta de protección de la vida y de construcción de un futuro más justo, sostenible y soberano.