Decreto dificulta acceso al cannabidiol por el SUS en Santa Catarina, alerta diputado
Nueva regulación estatal es criticada por burocratizar el suministro de medicamentos a base de cannabis
El Decreto nº 988, publicado el jueves (15) en el Diario Oficial del Estado de Santa Catarina, instituye la Política Estatal de Suministro Gratuito de Medicamentos a Base de Cannabis para fines medicinales. Sin embargo, según el diputado estatal Padre Pedro Baldissera (PT), la medida burocratiza y dificulta el acceso gratuito al cannabidiol por el SUS, contrariando el espíritu de la ley aprobada en diciembre de 2024.
“El decreto, firmado por la gobernadora en ejercicio, no muestra con claridad cuál es el camino que el ciudadano catarinense debe seguir para conseguir los medicamentos. Y, cuando lo encuentra, tras una navegación nada intuitiva en el sitio de la Secretaría de Salud, se enfrenta a un requisito excesivo: el médico prescriptor debe presentar ‘documentaciones científicas robustas’, con ‘estudios científicos actualizados que comprueben eficacia, datos epidemiológicos, contraindicaciones, reacciones adversas y riesgos’”, afirma Padre Pedro a la Asamblea Legislativa (ALESC).
Exigencias dificultan la prescripción del cannabidiol por el SUS
De acuerdo con el diputado, la exigencia de comprobación científica coloca un obstáculo innecesario para el suministro gratuito de los productos a base de cannabis, además de desestimular a los profesionales de la salud.
“Si la intención fuera realmente facilitar el acceso, bastaría con la prescripción médica. El profesional tiene responsabilidad sobre su paciente, no está haciendo experimentos. Sabe lo que está haciendo al recetar el cannabidiol”, defiende el parlamentario.
Deputado propone suspensión del decreto
En respuesta a la regulación, Padre Pedro está elaborando un Proyecto de Suspensión de Acto (PSA), con el objetivo de preservar el sentido original de la ley sancionada en 2024, que preveía el suministro gratuito y desburocratizado de medicamentos a base de cannabis por el Sistema Único de Salud.
“En lugar de regular la ley, el decreto crea nuevos requisitos, extrapolando los límites del poder regulador. Esto configura un abuso y debe ser combatido por el Legislativo mediante la suspensión del acto”, concluye.
Con información de ALESC