El STJ destaca el cumplimiento de la mayoría de las etapas para regular el cultivo de cannabis medicinal
El nuevo plazo amplía el tiempo para que el gobierno finalice la regulación del cultivo de cannabis destinado a la producción de medicamentos en el país
La Primera Sección del Tribunal Superior de Justicia (STJ) prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para que la Unión regule el cultivo de cannabis industrial con fines exclusivamente medicinales y farmacéuticos.
Al fijar la fecha como límite para el cumplimiento de la orden judicial, el colegiado homologó un nuevo plan de acción y estableció que la Unión y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) deberán informar la ejecución de las etapas intermedias detalladas en el cronograma en un plazo máximo de cinco días después de la finalización de cada una de ellas.
El plazo original era hasta el 19 de mayo de 2025, según lo establecido por la sección de derecho público en la decisión del Incidente de Asunción de Competencia 16 (IAC 16) - que consideró jurídicamente posible la concesión de autorización sanitaria para el cultivo y comercialización de cáñamo industrial por personas jurídicas, con fines exclusivamente medicinales y farmacéuticos.
Atendiendo a la solicitud de la Unión y de Anvisa, el plazo se prorrogó por primera vez hasta el 30 de septiembre del mismo año. En esa ocasión, los solicitantes presentaron un plan con diversas iniciativas en curso, además de otras acciones estratégicas que se ejecutarían de acuerdo con el plazo establecido.
La mayoría de las etapas previstas en el plan se han cumplido
La nueva solicitud de prórroga señaló que se han cumplido cinco de las nueve acciones propuestas en el plan. Respecto a las acciones incumplidas (ítems 6 a 9), los solicitantes alegaron que no fue posible cumplir con el plazo otorgado "dada la complejidad del tema y la necesidad de involucrar a diversos actores en la discusión". En la misma petición, también se propuso un nuevo cronograma para completar la regulación.
La ponente del proceso, ministra Regina Helena Costa, recordó que la homologación del plan de acción original consideró el cumplimiento parcial del programa de ejecución de las etapas hasta ese momento y la disposición de la Unión y de Anvisa para cumplir las etapas restantes hasta el 30 de septiembre, plazo propuesto por ellas mismas.
Según la ministra, más de la mitad de las etapas previstas se han cumplido, incluyendo el establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de semillas de cannabis de cualquier origen y para el registro de productores del material de propagación. "Por lo tanto, hasta el momento, no se han identificado elementos concretos que indiquen una posible mala fe procesal orientada a frustrar el cumplimiento de las obligaciones impuestas", destacó.
La postura de los solicitantes es diligente, a pesar de las dificultades enfrentadas
La ponente afirmó que los representantes de la Unión y de Anvisa, al darse cuenta de que no sería posible completar las etapas finales de la planificación dentro del plazo establecido, actuaron de manera "diligente y coordinada" al proponer un nuevo cronograma considerado viable. La iniciativa -continuó- demuestra el compromiso de cumplir con la decisión judicial, a pesar de las dificultades enfrentadas.
Citando los desafíos inherentes al caso, la ministra señaló que las etapas finales del plan de acción son las más decisivas, combinando la participación social en el ámbito regulatorio y la actuación de entidades con competencias técnicas específicas. Según explicó, esta coyuntura se relaciona con el llamado proceso estructural, que se centra en la solución de problemas arraigados y de inconformidades permanentes, cuya superación requiere una serie de medidas de reestructuración.
"En este contexto, por lo tanto, a la luz de los nuevos elementos presentados, parece razonable diferir el cumplimiento final de la orden judicial dirigida a los peticionarios hasta el 31/3/2026", concluyó Regina Helena Costa.
Contenido publicado originalmente en el sitio web del STJ.