La judicialización por tratamiento con cannabis es la mayor de la historia en SP

Por João R. Negromonte

Según datos del bufete de abogados Falcon, Gail, Feijó & Sluiuzas, solo en el período de enero a julio de 2022, el Tribunal de Justicia de São Paulo autorizó a cerca de 235 pacientes a tener acceso de forma más simple y económica al tratamiento con los compuestos de cannabis, popularmente llamada marihuana. En comparación con el mismo período del año anterior, hubo 12 solicitudes más.

Sin embargo, las dificultades de acceso siguen siendo una realidad. Los pacientes que utilizan este tipo de terapia enfrentan serios problemas para acceder a los productos en Brasil, que, a veces, son impedidos por el rol taxativo de la ANS, que exime a los planes de salud de cubrir los costos del tratamiento, y otras veces por el CFM, que imposibilita que los médicos prescriban compuestos de cannabis que estén fuera de sus normativas.

También existen los altos costos de la terapia, lo que impide que las personas de bajos ingresos adquieran tales productos. Por ello, un camino que se ha utilizado mucho es la judicialización de los procesos de adquisición de medicamentos, que garantizan a los pacientes el acceso al derecho a la salud a bajo costo, dado que ciertos productos pueden costar hasta R$ 2,5 mil.

¿Pero y los costos de la acción?

Una pregunta muy común entre aquellos que desean enfrentar una acción judicial son los costos del proceso. Sin embargo, según Emílio Figueiredo, abogado y uno de los fundadores de la Red Jurídica por la Reforma de la Política de Drogas (Rede Reforma): “Cualquier ciudadano común puede hacer la solicitud de su habeas corpus preventivo de cultivo de cannabis con fines medicinales en un tribunal de primera instancia”.

Es importante recordar que se necesitan una serie de documentos como informes médicos, autorización de la Anvisa, curso de extracción del aceite medicinal, entre otros, que acaban retrasando el proceso, pero son necesarios. El especialista refuerza la necesidad de un abogado en caso de que el Ministerio Público recurra de la decisión en un tribunal superior.

Otro punto importante es que también existen defensores públicos para quienes no pueden asumir los costos de la acción, es decir, defensores del estado que darán seguimiento a los procesos, si es necesario. 

Así, a pesar de algunas barreras que enfrentar, el número de pacientes que buscan esta alternativa de tratamiento no deja de crecer, asegurando que la lucha por una salud pública de calidad para todos nunca cese.