Mientras el proyecto de ley de cannabis no avanza en el legislativo, el judicial garantiza que los pacientes tengan acceso a la salud
Aún sin una regulación vigente en relación al control sanitario de los compuestos de cannabis, la justicia garantiza el acceso a pacientes que dependen de la terapia cannabinoide
Por João R. Negromonte
Como no hay una regulación amplia y específica sobre el control de medicamentos derivados de cannabis en Brasil, el Poder Judicial está autorizando a pacientes con enfermedades graves y, muchas veces, refractarias, a cultivar y extraer el aceite medicinal de la planta como forma de garantizar su tratamiento.
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Algunos Proyectos de Ley, como el 399/15, que busca regular la producción, extracción, distribución y comercialización de los compuestos de la marihuana con fines medicinales e industriales, están en trámite en las cámaras legislativas de Brasil.
Sin embargo, los pacientes que dependen de este tipo de terapia para garantizar que su derecho a la salud esté realmente asegurado, no pueden esperar a que nuestros parlamentarios pongan en vigor una ley que regule los usos medicinales e industriales del cannabis, por lo que la solución encontrada ha sido el judicial.
Para el abogado Leonardo Sobral Navarro, Secretario General de la Comisión de Derecho Médico y de la Salud de la OAB/SP, las discusiones en la Comisión Especial del PL 399 fueron ricas, sin embargo, después de la votación y el recurso presentado, quedó claro que el Poder Legislativo no está preparado para impulsar demandas que requieren urgencia. Según él, nos encontramos ante una discusión que involucra la salud, el bienestar, la economía y el desarrollo del país. “El poder legislativo está en mora con el ciudadano y, reitero, si esta mora pudiera ser cuantificada, la deuda sería impagable.”
Un ejemplo de estos avances jurídicos fue la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia (STJ), que autorizó, el mes pasado, a tres pacientes de cannabis a cultivar y producir su propio medicamento. La Sexta Sala del STJ consideró, al analizar el propósito de la acción, es decir, sus aplicaciones medicinales, que el proceso merecía una mayor atención al tratarse de una cuestión de salud y no de un delito.
El uso del Habeas Corpus para proteger el derecho de cultivar la planta y extraer el propio medicamento es una forma de acceso válida e importante. El Poder Judicial está del lado del ciudadano, pero no se puede depender solo de esta forma de acceso. “Necesitamos normas que permitan una amplia adquisición de productos de cannabis, regulando el sector, autorizando el cultivo, ampliando la producción nacional, la importación y, también, protegiendo el derecho de acceso a la planta para la producción del propio medicamento. Esto sería la perfecta consolidación del principio constitucional del acceso a la salud,” destaca Navarro.
Otros casos que también han destacado son las decisiones judiciales sobre el comercio de medicamentos a base de cannabis en farmacias de manipulación y el suministro por parte de planes de salud de estos productos, lo que destaca aún más la importancia del poder en este contexto.
Para Mariana German, abogada penalista, directora de la Rede Reforma, vicepresidenta de la Comisión de Política de Drogas de Anacrim/PR e integrante de la Comisión de Política de Drogas de la OAB/PR, el acceso a la Cannabis medicinal en el país sigue siendo muy deficiente, a pesar de los grandes logros obtenidos en los últimos años.
Aunque la Ley prevé la posibilidad de que la Unión autorice el cultivo de plantas que puedan originar sustancias ilícitas con fines medicinales y de investigación desde 1976, el mandato normativo sigue siendo ignorado por el Ejecutivo.
A su vez, el Legislativo también se muestra absolutamente atrasado y en desacuerdo con la realidad científica y las necesidades de los pacientes. En este sentido, vemos que el tema sigue envuelto en prejuicios y oscurantismo, una situación que pone de manifiesto cómo los poderes (elegidos mediante voto popular) están guiados por cuestiones morales, lo que dificulta el avance de la cuestión.
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Las decisiones judiciales, según Mariana, dependen de la provocación de otros actores del sistema de justicia, en especial de abogados que convierten las demandas de los pacientes en acciones judiciales, convirtiendo las conquistas en fruto de una lucha de la sociedad civil y la actuación de profesionales que abrazan la causa.
“Salvo algunas excepciones, las decisiones judiciales tienen efectos solo para las partes involucradas en el proceso, una situación que garantiza un avance caso por caso, pero no asegura el derecho de todos, por lo que es urgente que el tema sea debidamente analizado por el Legislativo”, enfatiza la abogada. Por lo tanto, la ampliación de los derechos de los pacientes depende de mucha lucha y organización popular para presionar a los Poderes y garantizar el acceso amplio y universal a la planta.
Todavía tenemos un largo camino en la lucha por la regulación del cannabis en Brasil, por lo tanto, la unión de aquellos que defienden la causa y la actuación de la sociedad civil a la hora de elegir a nuestros representantes en el gobierno es esencial para garantizar que el derecho a la salud sea incuestionable para todos los pacientes que necesitan la terapia cannábica o cualquier otro tratamiento que requiera alternativas fitoterapéuticas como solución.