Robos de plantas, otro desafío para la industria del cannabis

Por Pablo Fazio

Hace algunas semanas, dos actos de inseguridad levantaron banderas rojas en Argentina entre la comunidad del cannabis. En menos de 15 días, dos de los proyectos de investigación autorizados por el Ministerio de Salud Nacional fueron víctimas de robos de sus cultivos.

El primer episodio ocurrió en el Centro Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Puerto Madryn, provincia de Chubut. Algunos días después, los invernaderos que la empresa Pampa Hemp montó en la Estación Experimental de Pergamino del INTA fueron asaltados para robar cincuenta plantas en floración, que formaban parte de un ensayo para evaluar la respuesta de una genética con un alto contenido de CBD a diferentes sustratos y planes nutricionales.

Esta no fue una situación aislada; existen decenas de testimonios y quejas de usuarios y auto-cultivadores del REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) que han sido víctimas de los llamados "cogolleros" - ladrones de plantas - durante años en todo el país y que son particularmente activos en época de cosecha.

Desafortunadamente, debemos señalar que no estamos solos.

Situaciones similares se han vivido en España, donde una ola de ataques a 14 plantaciones de cáñamo autorizadas el año pasado afectó las regiones de Cataluña, Granada, Extremadura y Murcia, alarmando a las autoridades por el crecimiento de esta nueva forma de crimen.

En Uruguay, ha habido una sucesión de robos de cultivos legales en diferentes partes del departamento de Canelones y se han multiplicado los ataques a una docena de clubes de cannabis en todo el país. Estos últimos han llevado a disputas entre el Ministerio del Interior y el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) del país, ya que la policía exige acceso a la información sobre los 160 clubes registrados y más de 11.000 cultivadores, pero el IRCCA entiende que esta información es confidencial y que es su responsabilidad salvaguardarla como un instituto creado específicamente para este fin.

En Chile, podemos recordar el millonario robo que afectó a la empresa Agrofuturo, dedicada al cultivo de cáñamo industrial en el sector rural de Chacayal Sur al este de Los Ángeles, Bio Bio. Asaltantes desconocidos ingresaron a la fábrica, donde tres guardias de seguridad fueron reducidos, atados y agredidos para robar la producción de cannabis valuada en 600 millones de pesos chilenos.

En Estados Unidos, los robos de dispensarios médicos de cannabis, tiendas recreativas y lugares de cultivo se están multiplicando y haciendo titulares en todo el país. Solo en San Francisco, hay informes de más de 25 episodios de este tipo y millones de dólares en pérdidas en los últimos seis meses. La escala es tal que los Americans for Safe Access (ASA) desarrollaron una "Guía de Preparación para el Robo" en respuesta a los crecientes informes de delitos dirigidos a los minoristas del sector, reconociendo que se han convertido en objetivos vulnerables, ya que muchos operan en gran parte en efectivo, sin acceso a servicios bancarios y otros servicios financieros debido a las restricciones legales. Esta realidad ha sido denunciada por legisladores, que han trabajado para la promulgación urgente de la Ley de Banca Segura y Justa (SAFE). Sin embargo, a pesar de haber sido aprobada por la Cámara de Representantes, la reforma sigue bloqueada en el Senado.

En América Latina estamos intentando poner en marcha nuestra industria y abogando por la creación de un mercado a escala regional. La revisión regulatoria que enfrentamos se ha convertido en un debate multidimensional: valores culturales, políticas fallidas, ciencia, salud, mercado ilegal, crimen, oferta y demanda. Sin duda, la seguridad pública es una cuestión central que debemos añadir a esa lista y abordar de manera conjunta e inteligente entre los sectores público y privado, ya que nuestras posibilidades de éxito como respuesta al desafío que enfrentamos dependen en gran parte de ello y surge como una condición sine qua non para el éxito.

Las opiniones expresadas en este artículo son personales y no necesariamente corresponden a la posición de Sechat.

Sobre el autor:

Pablo Fazio es empresario y emprendedor de pequeñas y medianas empresas. Actualmente, vive en Argentina, donde preside la Cámara Argentina de Cannabis (Argencann), que tiene el objetivo de promover el desarrollo y la expansión de la industria de cannabis en el país.

El texto de Pablo Fazio fue escrito originalmente en español, consulta a continuación la íntegra:

Narcoasaltos, otro desafío que suma la industria del cannabis 

Hace algunas semanas atrás dos hechos de inseguridad despertaron en Argentina signos de alerta entre la comunidad del cannabis. En menos de 15 días, dos de los proyectos de investigación autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación fueron víctimas de robos en sus cultivos. 

El primer episodio ocurrió en el Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Puerto Madryn, Provincia de Chubut. Pocos días después, los invernaderos que la empresa Pampa Hemp puso en marcha en la Estación Experimental Pergamino del INTA fueron violentados para sustraer cincuenta plantas florecidas, que formaban parte de un ensayo donde se evaluaba la respuesta de una genética con alto contenido de CBD a diferentes sustratos y planes nutricionales. 

No fue una situación aislada, hay decenas de testimonios y denuncias de usuarios del REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) y autocultivadores que vienen siendo víctimas de los denominados “cogolleros” -ladrones de plantas- desde hace años a lo largo y ancho del país, siendo particularmente activos en época de cosecha. 

Lamentablemente nos cabe señalar que no estamos solos. 

Situaciones similares se han vivido en España, donde una oleada de asaltos a catorce plantaciones autorizadas de cáñamo, ha afectado el año pasado a las regiones de Cataluña, Granada, Extremadura y Murcia, alarmando a las autoridades por el crecimiento de esta nueva modalidad de delito. 

En Uruguay, se han producido una sucesión de robos a cultivos legales en distintos puntos del departamento de Canelones, y se han multiplicado los ataques a una docena de clubes cannábicos en todo el país. Estos últimos han generando disputas entre el Ministerio del Interior y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA) de ese país, ya que la Policía reclama acceder a la información sobre los 160 clubes registrados y los más de 11.000 cultivadores, pero el IRCCA entiende que esta información es reservada y le compete su custodia como instituto creado específicamente a dichos fines.

En Chile, podemos recordar el millonario robo que afectó a la empresa Agrofuturo, dedicada al cultivo de cáñamo industrial en el sector rural de Chacayal Sur al oriente de Los Ángeles, Bio Bio. Desconocidos ingresaron a la planta donde redujeron a tres guardias de seguridad, a quienes maniataron y agredieron para sustraer la producción a base de cannabis valuada en 600 millones de pesos chilenos. 

En Estados Unidos, los atracos a dispensarios de cannabis medicinal, tiendas recreativas y lugares de cultivo se multiplican y no dejan de ser noticia en todo el país. Sólo en San Francisco, hay informes de más de 25 de estos episodios y millones de dólares en daños en los últimos seis meses. La dimensión es tal que la Americans for Safe Access (ASA), ha desarrollado una “Guía de Preparación para el Robo” en respuesta a los crecientes informes de delitos dirigidos a los minoristas del sector, reconociendo que se han convertido en objetivos vulnerables debido a que muchos operan en gran medida con dinero en efectivo, ya que carecen de acceso a servicios bancarios y otros servicios financieros dadas las restricciones legales. Esta realidad ha sido denunciada por los legisladores que vienen trabajando por la urgente sanción de la Ley Bancaria Segura y Justa (SAFE). Sin embargo, a pesar de haber sido aprobada por la Cámara de Representantes, la reforma continúa bloqueada en el Senado. 

En Latinoamérica estamos intentando poner en marcha nuestra industria y abogando por la creación de un mercado de escala regional. La revisión regulatoria que enfrentamos se ha convertido en un debate multidimensional: valores culturales, políticas fallidas, ciencia, salud, mercado negro, delincuencia, oferta y demanda. Sin dudas, el tema de la seguridad pública debe ser un tema central que debemos sumar a dicha lista y abordar de manera conjunta e inteligente entre el sector público y el privado ya que de ello dependen en gran medida nuestras posibilidades de éxito frente al desafío que enfrentamos y surge como condición sine qua non para lograrlo.

Las opiniones expresadas en este artículo son personales y no necesariamente corresponden a la posición de Sechat.

Sobre el Autor:

Pablo Fazio es emprendedor y empresario PyME. Preside la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), creada con el objetivo de promover el desarrollo y la expansión de la industria del cannabis en su país.