Uruguay estudia permitir la venta de cannabis a turistas y no residentes para combatir el mercado ilegal

El Uruguay está considerando la posibilidad de que turistas y no residentes mayores de 18 años que lleguen al país puedan comprar cannabis incluso sin ser ciudadanos.

El director ejecutivo del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), Martín Rodríguez, confirmó que la agencia está analizando la posibilidad de expandir el circuito legal del cannabis en el país, aumentando la cobertura del mercado formal y debilitando el mercado ilícito.

Actualmente, solo las personas con residencia permanente o cédula de identidad uruguaya pueden acceder a la venta regulada en farmacias, que hoy ofrecen cuatro variedades: ALPHA, BETA, GAMMA y EPSILON.

La cuestión subyacente, sin embargo, va más allá de la atracción de visitantes: tiene que ver con los objetivos originales de la regulación.

¿Por qué Uruguay quiere legalizar el cannabis para turistas?

Uruguay ha superado hace mucho tiempo el debate sobre la regulación: reguló, implementó y mejoró un sistema que, con sus matices, ha presentado resultados concretos. Se ha consolidado una red de clubes, farmacias y productores caseros; se han fortalecido las campañas de información pública; y se ha solidificado una política que prioriza la reducción de daños y el control estatal de la cadena de suministro.

Como explicó Martín Rodríguez, la regulación “se ha consolidado a lo largo de los años”, pero el modelo ahora enfrenta un límite: lo que se ha logrado hasta el momento no es suficiente para seguir eliminando el mercado ilícito o para llenar los vacíos de acceso dejados por las regulaciones originales.

En una entrevista con Canal 10, el director preguntó: “¿Qué necesitamos hacer para garantizar que la regulación del cannabis siga alcanzando mejor sus objetivos?” Él respondió: “Uno de los principales objetivos es aumentar la cobertura del mercado formal, para seguir sustituyendo el mercado ilegal o irregular por un mercado formal”, según informó Swiss Info.

Sin embargo, innegablemente, el turismo cannábico puede actuar como una fuerza imparable para impulsar la economía, contener el mercado ilícito y, en resumen, generar más turismo. Algunos lugares con mercados recreativos robustos —como California y Colorado— ya han implementado programas de venta de cannabis para turistas, con resultados muy prometedores. Por ejemplo: aumento de la actividad hotelera, gastronómica y cultural, y mayor recaudación estatal.

Pero la medida no solo apunta al turismo cannábico. En Uruguay, muchos no residentes —que no son necesariamente turistas— tampoco tienen acceso a la venta de cannabis en farmacias. Considere a aquellos que vienen a pasar algunos meses durante el verano, aquellos que viven en el extranjero pero viajan para visitar familiares, o aquellos que están de paso por trabajo, estudio o cualquier otro motivo. Mientras su dirección registrada esté fuera de Uruguay, no podrá comprar marihuana legal en farmacias.

En 2013, durante la presidencia de José Mujica, Uruguay aprobó la Ley 19.172, que creó el primer mercado de cannabis para adultos regulado por el Estado en el mundo. Desde entonces, el país ha implementado una política que combina control estatal, trazabilidad, reducción de daños y mecanismos de acceso supervisado. Más de doce años después de su promulgación, el modelo ha demostrado progreso: ha consolidado un mercado formal en expansión, reducido parte del circuito ilegal y generado un sistema de cultivo, producción y venta sin precedentes a nivel global.

Pero la cuestión fundamental, planteada por Rodríguez, es la siguiente: ¿qué pasa con los turistas o no residentes mayores de 18 años que llegan a Uruguay y quieren o necesitan cannabis, pero no pueden obtenerlo legalmente? Simple: recurren al mercado ilegal.

Rodríguez afirmó categóricamente: “La inclusión de extranjeros está en el centro de la discusión”, ya que aquellos que visitan Uruguay y desean usar marihuana ya lo hacen, pero se ven obligados a recurrir al mercado negro. Por lo tanto, “esta discusión es fundamental para considerar el próximo paso en la legalización de la marihuana”, afirmó el funcionario.

La lógica detrás de la propuesta es simple: así como los residentes uruguayos tienen el derecho de acceder al circuito regulado, aquellos que visitan el país también deben tener una ruta segura, controlada y rastreable, sin ser relegados a un mercado paralelo que la propia ley siempre ha buscado reducir.

¿Cómo obtener cannabis si no eres uruguayo? La política que nunca sucedió

Actualmente, el acceso recreativo está limitado a tres vías: cultivo doméstico registrado, asociación a clubes y compra en farmacias. Para ello, siempre es necesario un registro previo, además de ser mayor de edad y residente o ciudadano uruguayo.

Los clubes de miembros están legalmente prohibidos de admitir clientes ocasionales o ofrecer flores a no miembros. Y las farmacias —incluso si quisieran vender a un turista— tampoco pueden hacerlo: los regulamientos exigen que el cliente esté registrado como residente.

La idea de permitir el acceso a turistas no es nueva. En 2021, Daniel Radío —entonces Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas y Presidente del IRCCA— ya hablaba de permitir que visitantes extranjeros compraran marihuana legal como “un incentivo más para la llegada de turistas” y como “una fuente adicional de ingresos”.

Meses después, en diálogo con El País, aseguró que quería implementar el turismo cannábico "lo más rápido posible para comenzar a probar qué sucede" y sugirió que, en el futuro, sería obvio que las personas podrían "tomar una copa de vino o fumar cannabis" cuando viajaban, pero que hoy aún existen "residuos y secuelas de la prohibición".

Sin embargo, este ímpetu no se tradujo en una reforma concreta: la Ley 19.172 no fue modificada, ni se creó un registro específico para no residentes, y las ventas para turistas nunca fueron implementadas.

En 2022, la cuestión volvió al Parlamento a través de un proyecto de ley que proponía permitir que “no residentes que se encuentren legalmente en el territorio de la República” tuvieran acceso, durante su estadía, a los mecanismos de venta de cannabis autorizados por la ley de 2013. Esta discusión reflejó apoyo y resistencia dentro de la coalición gubernamental de la época y demostró que el consenso político aún no era suficiente para abrir completamente las puertas al turismo cannábico.

En ese debate, se presentaron cifras: con 3,4 millones de habitantes y más de 1,5 millones de turistas extranjeros en solo nueve meses, un estudio de la consultora Equipos estimó que alrededor de “100 mil personas por año […] entrarían en el sector turístico para consumir cannabis si esta puerta estuviera abierta”, lo que implicaría una demanda anual adicional de hasta 1.470 kilos, basándose en los 15 gramos por mes permitidos por el sistema regulado.

En ese momento, el diputado de la Frente Amplio, Eduardo Antonini, defendió un régimen de igualdad de acceso para residentes y no residentes, con excepción del cultivo propio debido a su naturaleza permanente, y advirtió que la exclusión actual lleva a muchos visitantes al mercado ilícito "con los consiguientes riesgos".

Tiendas de venta al por menor, registros temporales y las preguntas que todos nos hacemos

El nuevo factor en la discusión es doble. Por un lado, el IRCCA ya no habla solo de facilitar la vida de los turistas, sino también de la posibilidad de crear "centros de ventas alternativos a las farmacias", algo que requiere la modificación del artículo de la Ley 19.172, que dejaba la venta exclusivamente en manos de esos establecimientos.

“Claramente, necesitamos modificar este punto de la ley para permitir que el órgano regulador, el IRCCA, elija los mejores mecanismos para la comercialización del producto, además de la farmacia”, dijo Rodríguez.

Por otro lado, el debate se cruza con antiguas propuestas que nunca fueron reguladas, como la creación de registros temporales para turistas —que expirarían al salir del país— o la posibilidad de que empresas turísticas autorizadas se asocien a clubes de cannabis y ofrezcan membresías de corta duración a sus clientes, una idea que Antonini defendió como una forma de "corregir una desigualdad" y impulsar la economía local.

Nada de esto es definitivo: la nueva administración de Yamandú Orsi y el IRCCA, liderado por Rodríguez, tendrán que traducir estas alternativas en textos concretos, negociar mayorías parlamentarias y, solo entonces, definir cómo será el acceso para no residentes.

¿Qué podría significar la apertura del acceso a turistas y no residentes?

Si Uruguay finalmente permite la compra legal de cannabis para uso adulto por turistas y no residentes, el cambio podría interpretarse en varios niveles:

Desde el punto de vista económico, se trata de capturar un segmento del turismo cannábico que ya existe globalmente y que mueve alrededor de 17 mil millones de dólares al año entre flores, derivados, experiencias y servicios asociados en países como EE. UU. En términos de salud y seguridad, esto implica ofrecer productos estandarizados y rastreables a personas que ya los consumen, pero sin garantías de calidad o origen, lo que, a su vez, alimenta el tráfico de drogas. Y, en términos de derechos, esto resuena con la preocupación de Radío sobre una "desigualdad fundamental" en una ley que permite a los residentes fumar en canales regulados, mientras empuja a las personas de fuera al mercado que la propia regulación buscaba desmantelar.

Doce años después de la ley defendida por el ex presidente Mujica, y tras varios intentos frustrados de abrir las puertas a los visitantes, el ímpetu del IRCCA puede finalmente estar ganando fuerza. Bajo el nuevo gobierno de Orsi, esto sugiere que Uruguay no quiere permanecer atrapado en un experimento regulatorio gradual, en lugar de un modelo totalmente desarrollado, capaz de integrar a aquellos que visitan el país por solo unos días o meses.

La cuestión ahora es si 2025 será finalmente el año en que el "turismo cannábico" dejará de ser un titular y se convertirá en una práctica cotidiana, o si las ventas para no residentes seguirán siendo la gran promesa incumplida de la regulación uruguaya y un duro golpe para las ventas ilícitas.

Contenido publicado originalmente por Camila Berriex en El planteo