Mudanzas administrativas en Argentina afectan la cadena productiva de cannabis medicinal
Productores y organizaciones reportan impactos tras cambios en criterios de licenciamiento, registros y fiscalización
Recientemente, el gobierno argentino de Javier Milei decidió extinguir la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), creados por las leyes 27.669 y 20.247. Sus funciones fueron redistribuidas entre diferentes ministerios.
Aunque el discurso oficial menciona la lucha contra la “duplicación administrativa”, recorte de gastos y mayor eficiencia, productores de cannabis medicinal en Argentina, pacientes, cooperativas y científicos ven la medida como un desmantelamiento sin precedentes.
La medida se publicó en los últimos días previos a la expiración de los poderes delegados el 8 de julio, lo que permitió al Ejecutivo avanzar sin la aprobación del Congreso. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta fue una de las últimas acciones posibles por decreto.
La nueva división de competencias quedó así:
- La ANMAT será responsable de la cannabis medicinal;
- El Ministerio de Economía se encargará del cáñamo industrial;
- El Ministerio de Agricultura se ocupará de la regulación de semillas.
Múltiples licencias en riesgo con desorganización institucional
Con la disolución de ARICCAME e INASE, alrededor de 101 entidades públicas fueron extinguidas o reestructuradas. Sin embargo, en el sector de cannabis, esto trajo un problema urgente: varias licencias otorgadas por INASE vencen el 31 de julio. Sin nuevos mecanismos de renovación, cientos de productores pueden quedar en la ilegalidad.
Frente al vacío regulatorio, provincias como Mendoza, Chubut, Misiones, Salta y Buenos Aires intentaron crear normativas propias. Sin embargo, sin apoyo operativo federal, los esfuerzos han sido insuficientes para mantener el sector funcional. Esto afectó registros, licencias y proyectos de exportación ya en curso.
Karina Romanelli, de la ONG Cultivo Mi Medicina (Bahía Blanca), informó a la Frente Acano que las nuevas normas obligan a las entidades a tener un director médico responsable de todos los pacientes.
Según ella, los costos son prohibitivos: “Cobran 5 millones de pesos por 50 pacientes, o entre 10 y 15 mil pesos por paciente.” Para ONG benéficas, esto hace imposible su funcionamiento.
Romanelli también criticó el favoritismo hacia grandes corporaciones. “Quieren descartarnos. Llevamos años haciendo el trabajo que el Estado no hace”, dijo.
La ONG denunció los decretos como un retroceso en las políticas de salud pública. “El nuevo sistema expone a quienes cultivan al riesgo legal”, dijo Romanelli, que coordina una red provincial y busca el apoyo del intendente Federico Susbielles.
Laberinto regulatorio paraliza investigaciones y legalidad de semillas
El ingeniero agrónomo Eduardo Musacchio, profesor de la UBA, informó a Tiempo Argentino que la cadena de cannabis medicinal en Argentina fue “engullida por un laberinto regulatorio”.
Desde enero, INASE exige la aprobación del Ministerio de Salud para nuevas variedades, pero el Ministerio no responde. En marzo, se comenzó a exigir una licencia de ARICCAME — que no se aplica a la cannabis medicinal — para renovar autorizaciones.
Durante la intervención de ARICCAME, se creó un esquema simplificado para el cáñamo industrial, sin atender al sector de cannabis medicinal. Paralelamente, la Resolución 3132/2024 restringió el acceso al REPROCANN al exigir:
- Especialización médica;
- Ausencia de antecedentes penales en ONG;
- Limitación de pacientes por productor solidario.
- Más de 100 mil solicitudes acumuladas han convertido el sistema en un cuello de botella de acceso.
ANMAT bajo críticas por graves fallos
La transferencia de responsabilidades a la ANMAT generó inseguridad. La agencia enfrenta recortes presupuestarios, pérdida de técnicos y una crisis de reputación.
Casos graves, como el lote de fentanilo contaminado que causó decenas de muertes, evidencian su fragilidad. La ANMAT cuenta con solo 20 inspectores para sustancias controladas, y muchos procedimientos se han suspendido por falta de personal.
Contenido publicado originalmente en El Planteo