Decisiones judiciales respaldan el mantenimiento del cultivo asociativo de cannabis en Brasil

El camino recorrido por las acciones judiciales relacionadas con el cultivo asociativo de cannabis en Brasil ha llevado a los tribunales a otorgar salvoconductos para garantizar la continuidad de tratamientos, en un escenario marcado por la falta de regulación federal y la intensificación de operaciones policiales. Uno de los casos más recientes, en Santa Catarina, evidencia cómo las decisiones judiciales se han convertido en el principal mecanismo de protección para pacientes y asociaciones.

En relatos que abarcan casi tres años de espera, una operación policial inesperada y la urgencia de proteger a los pacientes, el abogado Max Warner explicó cómo la Asociación Cannabis do Bem garantizó en la Justicia el derecho de cultivar de forma orgánica más de 900 plantas de cannabis.

La autorización que ahora asegura el cultivo de cannabis por la asociación es el resultado de una larga batalla judicial que comenzó en 2022 y que tuvo que ser redirigida ante el riesgo real de interrupción de tratamientos. El abogado especializado en derecho relacionado con el cannabis detalla las estrategias, las dificultades y el impacto social de la decisión.

Desde la acción civil hasta el hábeas corpus colectivo: el camino hasta la autorización

Warner explica que el proceso comenzó en octubre de 2022, cuando él y los abogados Matteus Jacarandá y Jamil Issy presentaron una acción civil contra la Unión y la ANVISA. El objetivo era garantizar la autorización judicial para producir y suministrar productos medicinales exclusivamente a los asociados de la Asociación Cannabis do Bem.

La tramitación, sin embargo, avanzaba lentamente: después de casi tres años, el proceso no había sido juzgado y la medida cautelar seguía siendo denegada. Aún en 2025, las asociaciones de pacientes de varias regiones del país se enfrentaban a operaciones policiales, lo que encendió una alerta dentro de la asociación.

“Era un escenario de absoluta inseguridad jurídica”, recuerda Warner. Ante esto, el equipo optó por un nuevo camino: la interposición de un hábeas corpus colectivo para alejar posibles acciones policiales y asegurar la continuidad de los tratamientos. La solicitud se presentó el 10 de septiembre de 2025.

La vuelta en el caso, sin embargo, vendría de un episodio inesperado.

Operación del BOPE y riesgo real de coacción ilegal

Antes incluso de analizar la medida cautelar en el hábeas corpus, la sede de la Asociación Cannabis do Bem fue objeto de una operación del BOPE de Santa Catarina, el 20 de septiembre de 2025. Todas las plantas, extractos, aceites y pomadas fueron incautados, y el presidente de la asociación fue llevado a la comisaría.

Según Warner, el informe de la propia Delegada responsable reconoció que no había “ningún indicio de tráfico”. La autoridad policial señaló que se trataba de cultivo y manipulación dirigidos exclusivamente al uso medicinal asociativo, lo que impidió la detención en flagrancia.

Para el abogado, la operación fue decisiva para sensibilizar a la Justicia. El informe de sucesos y los vídeos de la acción se adjuntaron al hábeas corpus, evidenciando el riesgo concreto de coacción ilegal contra los dirigentes. Con esto, se concedió el salvoconducto, garantizando la protección jurídica necesaria para el cultivo.

A pesar de la victoria, los efectos de la operación aún persisten: hasta el día de hoy, según Warner, los materiales incautados no han sido devueltos, afectando directamente el tratamiento de decenas de pacientes.

Límite jurídico y expectativa de regulación federal

Para el especialista, el problema enfrentado por las asociaciones no se debe a lagunas puntuales en la ley, sino a la completa ausencia de una regulación federal clara y específica sobre el cultivo medicinal, especialmente en el modelo asociativo.

“Hoy, las asociaciones viven en un verdadero limbo jurídico”, afirma. En 2025, el país registró un aumento de alrededor del 230% en las operaciones policiales que involucraban a asociaciones de pacientes, un reflejo directo de esta falta de normas que delimiten la actuación, fiscalización y seguridad.

Se espera que la Unión y la ANVISA cumplan hasta marzo de 2026 con la determinación del Superior Tribunal de Justicia de regular el cultivo medicinal. Aun así, Max destaca: “todavía hay una gran inseguridad sobre el contenido de esta regulación, ya que no se sabe si atenderá, de manera adecuada, las necesidades médicas de los pacientes y, sobre todo, las especificidades del arreglo productivo de las asociaciones, que son hoy la principal alternativa de acceso al tratamiento para miles de personas”.

Impacto social: decisiones judiciales como alternativa al mercado ilegal

Warner destaca que las autorizaciones judiciales como la concedida a la Cannabis do Bem van más allá de garantizar la salud: también reducen la dependencia de los pacientes del mercado ilegal, debilitan el tráfico y disminuyen los riesgos sanitarios.

Al mencionar la Ley Seca de los Estados Unidos, señala que los modelos prohibitivos históricamente fortalecen el crimen organizado y exponen a los consumidores a entornos sin control. “Cuando el Estado no regula, la clandestinidad regula”, observa.

Para él, el cultivo asociativo autorizado, en este contexto, ofrece un camino opuesto: tratamiento seguro, prescripción médica, rastreabilidad y calidad, con impactos positivos también en la seguridad pública y en la reducción de daños sociales. “Se trata, por lo tanto, de una medida que, además de proteger el derecho fundamental a la salud, produce efectos concretos y positivos también en la seguridad pública y en la reducción de los daños sociales”, concluye.