El STF debate la naturaleza jurídica y las reglas para el suministro de cannabidiol

El Tribunal Supremo Federal (STF) ha intensificado el análisis de procesos que involucran la demanda de productos a base de cannabis a través de la vía judicial. El foco central de las discusiones es la definición de criterios claros para el suministro de cannabidiol.

Aunque la Corte ya ha establecido requisitos en el Tema 1.161 de la Repercusión General, todavía persiste una divergencia técnica entre los ministros. El debate gira en torno a la clasificación del ítem: si es jurídicamente un "medicamento" o simplemente un "producto de interés para la salud".

Esta distinción es determinante para las reglas de financiamiento. La definición final establecerá cómo se llevará a cabo el acceso y el suministro de cannabidiol a través del Sistema Único de Salud (SUS).

Impacto financiero en el suministro de cannabidiol

La discusión influye directamente en la aplicación del Tema 1.234, que define la responsabilidad del pago de demandas de salud. Si se clasifica estrictamente como "producto" — al igual que órtesis y prótesis —, el financiamiento puede sufrir cambios en las reglas de financiamiento solidario entre la Unión y los Estados.

Decisiones recientes muestran interpretaciones variadas sobre el tema. Mientras que algunos fallos clasifican el ítem como un producto sujeto a la autorización de importación de la Anvisa, otros lo consideran un medicamento esencial. En estos casos graves, la justicia ha garantizado el acceso inmediato al suministro de cannabidiol.

Criterios judiciales exigidos para el cannabidiol

Para la concesión judicial, el STF ha establecido que el paciente debe cumplir cuatro requisitos acumulativos. Es necesario contar con autorización de la Anvisa para la importación (en caso de no haber registro) y demostrar incapacidad financiera.

Además, se exige un informe médico que fundamente la necesidad del tratamiento. Por último, es necesario demostrar la inexistencia de una alternativa terapéutica en la red pública para justificar el suministro de cannabidiol.

El costo del tratamiento también define la competencia judicial. Las acciones con un valor anual igual o superior a 210 salarios mínimos se tramitan en la Justicia Federal, utilizando el Precio Máximo de Venta al Gobierno (PMVG) como referencia.

Escenario estatal del suministro de cannabidiol

En el ámbito administrativo, la oferta avanza de forma heterogénea en los estados. En el Distrito Federal y en Maranhão, el servicio ya está estandarizado, pero restringido exclusivamente al tratamiento de la epilepsia refractaria.

Por otro lado, Río de Janeiro ha promulgado la Ley nº 10.201/2023, que prevé la distribución gratuita. Sin embargo, la efectivización del suministro de cannabidiol aún depende de la definición de Protocolos Clínicos y Directrices Terapéuticas (PCDT) por parte de la Secretaría de Estado de Salud.

Con información de Tribunal de Justicia de Río de Janeiro