Anvisa y comunidad científica debaten cultivo de cannabis medicinal, hoy (11)
La reunión forma parte de las acciones de la agencia para construir una regulación técnica y participativa sobre el uso medicinal de la planta
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) se comprometió a llevar a cabo acciones para avanzar en el proceso regulatorio del cultivo de cannabis con fines medicinales. El plazo para la conclusión del proceso es el 31 de marzo de 2026.
Las acciones incluyen escuchas a la comunidad académica y otros actores involucrados. Entre las medidas, se encuentran reuniones con investigadores que abordan el tema, informó la agencia al Portal Sechat.
Como parte de este proceso, la comunidad académica y Anvisa llevan a cabo uno de estos encuentros este martes (11), a las 14h, de forma online. Según un investigador que estará presente, el momento debería enriquecer el debate y permitir nuevas perspectivas para la regulación nacional.
Plazo y escuchas para la regulación del cultivo de cannabis
En la Reunión de Dirección Colegiada Pública, el 8 de octubre, el director de Anvisa, Thiago Campos, destacó la importancia de las escuchas. Campos afirmó que es esencial llevar a cabo "escuchas y otras formas de participación social que permitan identificar las mejores condiciones para la producción de insumos de calidad y el fomento de la investigación".
"El plazo adicional solicitado crea la posibilidad de presentar una propuesta más consistente, capaz de incorporar las necesidades reales del cultivo de Cannabis sativa en territorio nacional con exclusividad medicinal y farmacéutica", dijo el director.
Justicia extiende plazo para la regulación del cultivo
La discusión se produce después de una reciente decisión judicial. El jueves (6), la ministra Regina Helena Costa votó a favor de prorrogar el plazo para la regulación del cultivo de cannabis en Brasil, en el marco del Incidente de Assunção de Competência (IAC 16).
La decisión otorga 180 días más para que Anvisa y los ministerios competentes concluyan el plan de acción, extendiendo el plazo final hasta el 31 de marzo de 2026. Al justificar su voto, la ministra afirmó que el proceso "implica un litigio estructural, de ejecución compleja, que requiere la alineación de múltiples perspectivas técnicas y sociales".
Para Regina Helena, el caso requiere un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y los órganos técnicos para avanzar en la agenda del cultivo de cannabis.
“Este es un caso muy complejo y de ejecución igualmente compleja de lo que se decidió. Aquí tenemos la ejecución de un mandato en un proceso que implica un litigio estructural, es decir, un problema arraigado que requiere una serie de actos de reestructuración”, concluyó la ministra.