El STF fijó 40 g como límite, pero el 55% de las condenas por marihuana siguen como tráfico

El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) divulgó los resultados del 1er Mutirão Procesal Penal del Pena Justa, una iniciativa realizada en colaboración con 33 tribunales de todo el país. El Mutirão del CNJ revisó un total de 86 mil procesos de diferentes naturalezas, resultando en la liberación o revisión de pena de 9 mil personas.

Uno de los focos centrales del trabajo fue el análisis de condenas por porte o tráfico de marihuana en los últimos ocho años. El criterio utilizado fue la tesis fijada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en julio de 2024, referente al porte de hasta 40 gramos o seis plantas hembras.

En total, 29.725 casos fueron reanalizados durante el Mutirão del CNJ. De estos, solo 3.813 condenas (alrededor del 13%) fueron alteradas inmediatamente. Por el contrario, la condena por tráfico se mantuvo en el 54,9% de los procesos. Otros 7.434 casos fueron enviados para manifestación de la Defensa y del Ministerio Público.

El recorte específico sobre el cannabis revela un escenario desafiante. Los datos muestran que la decisión del STF, que despenalizó el porte para consumo personal, aún enfrenta barreras prácticas para generar un impacto masivo en el desencarcelamiento.

Impacto del Mutirão del CNJ se encuentra con resistencia institucional

Para el abogado Emílio Figueiredo, los números reflejan la timidez de la decisión de la Suprema Corte y la cultura punitivista estatal. Él evalúa que el impacto real observado en el Mutirão del CNJ quedó "muy por debajo de la expectativa inicial".

“La decisión del STF no enfrentó adecuadamente la cuestión al fijar criterios objetivos bajos ante el perfil de consumo del usuario brasileño”, evalúa Figueiredo. También señala una barrera ideológica en la aplicación de la ley.

“El Poder Judicial brasileño es resistente al desencarcelamiento, prefiriendo mantener a las personas encarceladas por pequeñas cantidades en lugar de extender la decisión del STF y aprovechar el mutirão para revisar más procesos. Los números sugieren solo una corrección puntual de casos muy evidentes”, completa el abogado.

La barrera de la "Palabra del Policía"

El informe señala que la mantención de las condenas ocurre, en gran parte, debido a una salvedad en la decisión del STF. La cantidad de droga, por sí sola, no define el crimen, ya que la presencia de otros elementos de prueba puede configurar tráfico.

Para el abogado Murilo Nicolau, es en este punto donde reside la "trampa" del sistema penal. Según él, la construcción del informe policial está frecuentemente diseñada para eludir los criterios objetivos evaluados en el Mutirão del CNJ.

“Lo que debemos tener en mente es que la decisión del STF solo puede aplicarse cuando no hay indicios de tráfico. Y ahí entra una cuestión muy relevante, el policía está entrenado para encuadrar a la persona en tráfico y reforzar esto en la audiencia”, explica Nicolau.

El abogado detalla el uso de relatos estandarizados, conocidos como "kit flagrante", que impiden la revisión de las penas. “Muchas veces, cuando el policía va a relatar la detención, utiliza palabras como 'esconder el rostro de la patrulla', 'lugar conocido por tráfico' o dice que la persona 'ya es conocida'. Mencionan dinero cambiado o celular”, afirma.

Nicolau refuerza que esta dinámica perjudica a quienes deberían ser beneficiados. “La gran verdad del poder judicial hoy es que las personas son condenadas solo con base en la palabra del policía. Porque, ¿quién va a testificar a favor de alguien que fue detenido por tráfico?".  

Desigualdades regionales en los datos

El informe también expone la desigualdad geográfica en la aplicación de la justicia en Brasil. La evaluación señaló que el 83% de las alteraciones de penas realizadas por el Mutirão del CNJ se concentraron en solo tres estados: Santa Catarina (1.560), São Paulo (1.113) y Minas Gerais (485).

En el Nordeste, la situación es crítica. El abogado Ítalo Coelho destaca los datos de Ceará como ejemplo de la persistencia de la "métrica prohibicionista". “El impacto real fue muy pequeño. En Ceará, por ejemplo, no hubo ninguna alteración", señala Coelho. Se revisaron 2.098 casos y se mantuvo la condena en todos.

En Pernambuco, estado que tuvo el segundo tribunal con mayor número de evaluaciones, 6.009 casos no tuvieron desenlace inmediato. Recibieron la clasificación de "Envío a las partes para análisis de interposición de revisión criminal";

Para Coelho, la interpretación sigue siendo subjetiva. “La métrica prohibicionista sigue presente a la hora de analizar, porque la propia decisión dice que la persona puede ser considerada traficante con menos de 40 gramos, o menos de 6 plantas. O al contrario: era considerada usuario con mucho más”, finaliza.

Avances técnicos viabilizaron

A pesar de las críticas sobre el número limitado de liberaciones, para el CNJ, el proceso de revisión en masa demuestra una evolución técnica del Poder Judicial. En el informe, el Consejo afirmó que es probable que los tribunales hayan analizado todos los fallos recientes y relevantes sobre la materia.

Murilo Nicolau coincide en que la estructura tecnológica facilitó la realización del Mutirão del CNJ. “Creo que sí se han dedicado a ello, porque la digitalización y la informatización de nuestro poder judicial cambiaron completamente el escenario", dice.

"Es palpable la diferencia en la velocidad de los procesos de unos años a esta parte. Tengo confianza de que, de hecho, este mutirão se realizó bien en la parte técnica”, concluye Nicolau.