Finaliza hoy el plazo para la regulación del cultivo de cannabis en Brasil

El plazo establecido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que el gobierno federal regule el cultivo de cannabis en Brasil finaliza este martes, 30 de septiembre de 2025. La medida es esperada principalmente por pacientes, asociaciones e investigadores que defienden el avance de la producción nacional.

En los últimos meses, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) llegó a incluir en la agenda la propuesta de regulación del cultivo de variedades con bajo contenido de THC, pero retiró el tema de la reunión del 13 de agosto, sin previsión de una nueva votación, según informó Sechat. 

Pocos días después, técnicos de Anvisa se reunieron con representantes de Embrapa para evaluar la autorización de investigaciones con Cannabis sativa en el país, con el objetivo de ampliar la producción de conocimiento científico y fomentar el desarrollo del sector.

El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, también se ha manifestado públicamente a favor de la regulación del cannabis, destacando el potencial económico de la cultura y su importancia para impulsar la investigación y abrir espacio para nuevas cadenas productivas en el agronegocio brasileño.

Mientras tanto, sigue indefinida la decisión que podría permitir a Brasil iniciar la producción controlada de la planta, una etapa considerada estratégica para reducir los costos de los tratamientos, estimular las investigaciones y fortalecer la industria nacional. La demora en la definición del marco regulatorio ha generado críticas de entidades y expertos del sector, que advierten sobre la dependencia de importaciones de insumos y productos a base de cannabis, lo que encarece el acceso de los pacientes.

Reforzando este escenario, Embrapa, la SBPC y 29 universidades brasileñas presentaron recientemente un documento conjunto que propone avances en la regulación de la cannabis medicinal y científica en el país. La iniciativa señala caminos para consolidar investigaciones, ampliar la seguridad jurídica y fortalecer la cadena productiva, evidenciando la urgencia de una decisión gubernamental sobre el tema.