La judicialización del cannabis pone de manifiesto la falla del Estado, afirma abogado

Un habeas corpus concedido por el 2º Juzgado Federal de Santana do Livramento (RS) autorizó la entrada de un paciente argentino en Brasil con medicamentos a base de Cannabis sativa para su tratamiento. El salvoconducto es válido del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2025 y cubre el transporte de más de 40 gramos de la planta, una cantidad superior al parámetro establecido por el Tribunal Superior Federal (STF).

Desde la decisión del STF, que fijó como criterio presuntivo la marca de 40 gramos (o seis plantas hembras) para diferenciar el porte para uso personal del tráfico, los jueces han estado analizando solicitudes individuales relacionadas con medicamentos a base de cannabis y casos de extranjeros. 

El fallo se ha convertido en una referencia en acciones sobre el porte y transporte de la planta, como en el caso del habeas corpus obtenido por los abogados Clayton Medeiros Bastos Silva, Ítalo Coelho de Alencar, Rebeca Siebra de Castro, Bianca do Carmo Cardial y Victoria Clerc (Argentina).

El primer caso divulgado por el Portal Sechat, donde un extranjero obtuvo este derecho, ocurrió en enero de 2025, cuando el abogado argentino Juan Palomino decidió pasar sus vacaciones en Florianópolis, Santa Catarina. Paciente en tratamiento por ansiedad generalizada e insomnio, obtuvo autorización de la misma corte federal de Livramento para traer su medicamento durante su estancia.

Dos meses después, durante el Carnaval, otro turista obtuvo una decisión similar en el 8º Juzgado Federal Penal de Río de Janeiro. La jueza determinó que el paciente no podía ser acusado ni arrestado por agentes públicos y que sus productos medicinales no podían ser confiscados, siempre que estuvieran cubiertos por la orden judicial.

A pesar de la creciente tendencia en la concesión de habeas corpus y medidas preventivas, garantizando la continuidad de los tratamientos de pacientes brasileños y extranjeros, el abogado Clayton Medeiros, responsable del caso del paciente argentino, considera que la judicialización es un reflejo de la falta de políticas públicas claras.

“El hecho de que los pacientes dependan de un habeas corpus para garantizar el acceso a su tratamiento pone de manifiesto el retraso y la violencia del prohibicionismo en Brasil. Lo que está en juego aquí no es un debate moral sobre la planta, sino la efectividad de un derecho constitucional. El acceso a la salud”, afirmó.

Según el abogado, es urgente que el Estado asuma un papel protagonista. “Cuando el Estado se omite y criminaliza, traslada al Poder Judicial una responsabilidad que debería ser garantizada por políticas públicas claras, inclusivas y basadas en evidencias científicas”.

Regulación e inclusión como camino

En opinión del abogado, la solución pasa por la legalización con enfoque en la salud pública y el desarrollo económico, apostando por la regulación del cultivo nacional, individual y asociativo, para garantizar calidad, autonomía y precios justos. "Al mismo tiempo, es fundamental incluir el acceso gratuito a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), para que el tratamiento no sea un privilegio de quienes pueden importar o pagar caro en farmacias", dijo.  

Medeiros añade que una política coherente también tendría un impacto económico, generando empleo, ingresos e innovación, "convirtiendo el cannabis en un vector de desarrollo económico, al tiempo que garantiza dignidad, cuidado y salud de forma accesible para toda la población", concluye.