Una mujer de 55 años, residente en Campo Grande (MS), tendrá acceso gratuito a un medicamento a base de cannabidiol para el tratamiento de la fibromialgia. El medicamento, recomendado por médicos, será proporcionado por el gobierno estatal después de la intervención de la Defensoría Pública de Mato Grosso do Sul.

La paciente no tiene la capacidad de costear el costo mensual del tratamiento, estimado en casi R$ 2 mil. A pesar de que la tutela anticipada ya ha sido concedida por la 2ª Instancia, el Estado aún no ha cumplido con la decisión.

Solicitud de cumplimiento y embargo de fondos

Ante la demora, la Defensoría solicitó a la Justicia, esta semana, que el gobierno cumpla inmediatamente con la orden. De lo contrario, también solicitó el embargo de fondos públicos, una medida que obliga a la Administración a garantizar el pago de algo que ya ha sido establecido judicialmente.

“Dada la gravedad de la enfermedad, es necesaria la intervención del Poder Judicial para que la paciente tenga asegurado su derecho líquido y cierto a todos los medios que le garanticen la posibilidad de tratamiento para, con ello, obtener alivio de los síntomas y viabilidad de calidad de vida”, explicó el defensor público Hiram Nascimento Cabrita de Santana, titular de la 1ª Defensoría Pública de Atención a la Salud.

Informe médico y riesgos para la salud

El informe médico presentado en el proceso refuerza la necesidad del uso continuo del cannabidiol. El documento señala que la paciente no ha mejorado con las alternativas ofrecidas por el Sistema Único de Salud (SUS) y que corre el riesgo de morir si no utiliza el medicamento diariamente.

“Exigir que la asistida continúe usando medicamentos que son comprobadamente ineficaces para su cuadro clínico, además de ser contraproducente, representa una verdadera pena de tortura”, destacó el defensor público Nilton Marcelo de Camargo, de la 4ª Defensoría de Atención a la Salud.

También participaron en el caso los defensores públicos Arthur Demleitner Cafure, de la 3ª Defensoría de Atención a la Salud, y Francisco José Soares Barroso, titular de la 8ª Defensoría Pública Civil de 2ª Instancia.

Con información de la Defensoría Pública de Mato Grosso do Sul