Por Sharith Tovar, Economista Coordinadora del Observatorio Colombiano de la Industria del Cannabis (OCIC)

En 2024, durante la 67ª Reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Drogas, se estableció un precedente global que rompe con lo que, en ese momento, se conocía como guerra contra las drogas. La mayoría de los países participantes del foro, incluida Colombia, votaron por un cambio en el enfoque del control de las drogas y en la situación global relacionada con el tema. Esta nueva perspectiva se basa en estrategias de reducción de daños —es decir, se trata la cuestión principalmente como un problema de salud pública, y no mediante la criminalización de los usuarios.

En el caso específico del cannabis, este nuevo enfoque permitiría eliminar los estigmas asociados al consumo, como afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, durante la sesión plenaria. Además, garantizaría que esta planta estuviera disponible de forma controlada para fines médicos, científicos e industriales.

La verdad es que Colombia tiene una larga historia ligada al tráfico de drogas, marcada por violencia, desigualdad y ausencia del Estado en diversas regiones del país. Durante más de veinte años, el Estado colombiano sostuvo la guerra contra el narcotráfico, con financiamiento de la cooperación internacional. Esta política profundizó los prejuicios, no solo en relación con los consumidores, sino también en relación con otros actores involucrados en la cadena, como los cultivadores o aquellos que ceden sus tierras para el cultivo —muchas veces, personas que solo intentan sobrevivir a las difíciles condiciones locales. Por eso, el progreso efectivo en la implementación de la nueva Política Nacional sobre Drogas es crucial para enfrentar los desafíos y la estigmatización que aún persisten, por ejemplo, en torno a la planta de cannabis.

Con una proyección de diez años, esta política surge del diálogo con los habitantes de las áreas más afectadas por el narcotráfico. Su objetivo es enfrentar la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la violencia como causas que llevan a las personas a involucrarse en actividades relacionadas con cultivos considerados ilícitos. Pero, además de ofrecer alternativas para la reconversión productiva, y como propuso el propio presidente Gustavo Petro, es necesario avanzar en la legalización y en el control de otros usos del cannabis, así como en la revitalización de las exportaciones, pues esto también puede impactar positivamente la seguridad en territorios como el Cauca.

Las poblaciones que participaron en los diálogos para la elaboración de la nueva política son históricamente marginadas y pertenecen, en su mayoría, a comunidades indígenas, negras y rurales. Expresaron de forma clara la intención de desarrollar modelos de negocios alternativos, que no solo les proporcionen condiciones de vida adecuadas en actividades legítimas, sino que también protejan el medio ambiente y la vida. En este contexto, dos mensajes clave merecen atención en 2025:

• La implementación de la estrategia “Desarrollo Productivo de las Industrias de Cannabis y Cáñamo”, promovida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por Colombia Productiva. El Ministerio proyecta que, hasta 2028, la demanda global por cáñamo industrial podría alcanzar US$ 4,9 mil millones, mientras que la demanda por cannabis medicinal podría llegar a US$ 22,46 mil millones. Este escenario ha despertado el interés de empresarios, que desde el año pasado participan en diversas frentes de la iniciativa (capacitación, cofinanciamiento de proyectos, rondas de negocios y estudios especializados sobre el sector).
• Las discusiones en el Congreso en torno al Proyecto de Ley 099 de 2023, que propone una enmienda al Código Penal colombiano para incorporar tratamiento diferenciado a pequeños productores de cultivos ilícitos.

De hecho, es esencial que la industria del cannabis sea totalmente regulada y que se promueva el comercio justo. Esto implica considerar las dinámicas y realidades únicas y complejas enfrentadas por pequeños y medianos cultivadores, productores y comerciantes.

En conclusión, el cambio de enfoque en la forma de abordar la cuestión de las drogas es beneficioso, especialmente ante el actual escenario de legalización del cannabis en diversas partes del mundo. Una política imparcial y orientada no a la erradicación de la planta, sino al enfrentamiento de las causas que llevan a la producción ilícita, combinada con una regulación que permita el desarrollo responsable de la industria, ofrece una perspectiva prometedora. La legalización del cannabis, como propusimos en el OCIC, estimula la creación de negocios, la generación de empleos y el desarrollo de áreas históricamente precarizadas. La nueva Política Nacional sobre Drogas propone un camino para que estas poblaciones puedan transitar hacia la legalidad, aprovechando el potencial de un sector relativamente nuevo, y moldeándolo de forma alineada a los desafíos del siglo XXI: combatir la desigualdad y mejorar las condiciones ambientales.