Durante el Question Time en la Cámara de Diputados, realizado este martes (22), el ministro Francesco Lollobrigida respondió a la pregunta del diputado Riccardo Magi (+Europa) sobre el impacto económico del nuevo artículo 18 del Decreto de Seguridad (48/2025), medida que, en la práctica, refuerza la prohibición de la comercialización de las inflorescencias del cannabis, incluso aquellas producidas en conformidad con la Ley 242/2016, que regula el cultivo de la planta para fines industriales.

Según el ministro, la intención del gobierno es clara: proteger la salud pública y evitar que vacíos legales sean explotados para finalidades cuestionables. Lollobrigida argumenta que no se trata de criminalizar a productores honestos, sino de contener desviaciones que transformaron la incertidumbre jurídica en una zona gris para prácticas comerciales al borde de la legalidad. "No estamos penalizando a quienes siempre han actuado dentro de la ley", afirmó. "Pero necesitamos garantizar que el uso de la planta no sobrepase los límites de la seguridad", dijo.

La medida impuesta afecta directamente a 22 mil trabajadores y tres mil empresas, impedidas de comercializar sus productos y que sufren pérdidas financieras con los artículos parados en stock. Algunas de estas empresas iniciaron sus operaciones con recursos públicos y generan cientos de empleos en la región.

El diputado Magi fue directo en su réplica: “Estamos hablando de una sustancia que no posee efecto psicotrópico. No estamos discutiendo estupefacientes, sino flores. Flores que se convirtieron en sustento, flores que hoy se pudren en los stocks”. También recordó que la Comisión de Agricultura de la Conferencia de las Regiones – incluso con el apoyo de representantes de derecha, pidió unánimemente la revisión de la norma, y que la propia Corte de Casación levantó dudas sobre la constitucionalidad del artículo.

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