Prohibición federal del Delta-8 y otros derivados del cáñamo puede ocurrir en octubre

Una nueva medida aprobada por un comité crucial del Congreso de EE.UU. puede resultar en la prohibición de compuestos derivados del cáñamo, como el delta-8 THC, aún este año. El Comité de Asignaciones de la Cámara votó a favor de una propuesta que busca controlar estos productos, anticipando potencialmente su retirada del mercado ya en octubre.

La medida forma parte de un proyecto de financiación para 2025, abarcando la agricultura, la Food and Drug Administration (FDA) y otras agencias. Entre las disposiciones incluidas, está la regulación de sustancias psicoactivas derivadas del cáñamo, como el delta-8 THC, delta-10 THC, THC-O-acetato, HHC y THCP, además del THCA, un precursor del delta-9 THC.

Similitudes con el delta-9-THC y preocupaciones de salud

Los compuestos psicoactivos del cáñamo producen efectos similares a los del delta-9 THC, encontrado en la marihuana. Estos productos, frecuentemente vendidos en forma de gomitas y otras golosinas, son criticados por sus empaques atractivos para niños. El congresista Andy Harris, de Maryland, autor de la enmienda al proyecto de ley, destacó la necesidad de combatir estas sustancias debido a los riesgos para la salud pública.

La enmienda de Harris solicita que la FDA analice los riesgos para la salud de los productos derivados del cáñamo y establezca parámetros regulatorios claros. Entre las propuestas están requisitos de etiquetado, estándares de prueba, informes de eventos adversos, empaques seguros y límites de edad para la compra.

Si se aprueba, el proyecto de ley de gastos aceleraría la represión a estos productos, incluso antes de la finalización del próximo Farm Bill, previsto para finales de este año o principios del próximo. La nueva legislación busca cerrar la brecha de 2018, distinguiendo entre extractos intoxicantes y cáñamo industrial.

¿Qué dicen los expertos?  

Renato Filev, neurocientífico y coordinador científico en la Plataforma Brasileña de Política de Drogas, afirma que: “Existen puntos importantes que tocan esta discusión. El primero es la cuestión técnica sobre los efectos de estos isómeros, es decir, de estas variantes de la familia de compuestos similares al delta-9-THC, como delta-8, delta-10, entre otros. Creo que la FDA está preocupada por factores como operar máquinas, conducir automóviles, intoxicación no intencional de niños y ancianos, cuestiones de interacción medicamentosa, metabolismo y, sobre todo, pacientes que hacen uso de polifarmacia o que ya demuestran un impacto metabólico hepático sobrecargado”, dice el investigador que analiza que, como el organismo sanitario estadounidense ya restringe el delta-9-THC, el delta-8 también debe seguir el mismo camino.   

Sin embargo, es importante recordar que cuando se trata del delta-8-THC, existe una acción más atenuada en comparación con el delta-9, ya que la afinidad de este por el receptor CB1, el cual desencadena los efectos característicos, es más baja, explica Filev:  

“Por ser moléculas semisintéticas, los efectos de estos compuestos llamados intoxicantes por la FDA son previstos, esperados, no son algo que vaya más allá de lo que se encuentra, a diferencia del uso de las sustancias naturales”, afirma, recordando que obviamente está hablando de un mundo ideal donde la sustancia es hecha y purificada de manera adecuada, sin adición de subproductos.  

En un segundo momento, afirma el especialista, también hay cuestiones que deben discutirse sobre cuidados de buenas prácticas de fabricación, que también interfieren en la decisión del organismo federal.  

"Vemos que en Estados Unidos, en la práctica, este cuidado con la formulación y producción de productos a base de estos compuestos no está ocurriendo. En una rápida búsqueda en internet, es posible seguir noticias, por ejemplo, de que hay una discrepancia del contenido de principios activos encontrados en los productos en detrimento de lo que presentan en sus etiquetados, llevando a una mayor represión de las autoridades competentes”.

Ya para Daiane Zappe, gerente de negocios de Revivid Brasil, empresa especializada en la fabricación y comercialización de productos a base de cannabis provenientes de EE.UU., afirma que:  

“La prohibición del THC en muchos estados americanos es un reflejo de una compleja red de historia, política y supuestas preocupaciones con la salud pública. Pero la verdad es que la explotación del comercio del delta-8-THC solo surge por la ausencia de una regulación más actual y abarcadora sobre el uso terapéutico y uso adulto. Como hay una prohibición del delta-9-THC y una omisión legislativa sobre el delta-8, varias empresas comenzaron a comercializar el compuesto como una posibilidad de no estar fuera de las reglas. A nivel federal, el delta-8-THC fue considerado legal bajo la Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill), que legalizó la producción de cáñamo y sus derivados, siempre que el producto contenga menos del 0,3% de THC y, consecuentemente, sus subproductos”.  

En resumen, lo que Zappe destaca es que, lo que no está prohibido, está permitido. “Esta es una máxima del derecho”, recuerda la empresaria.

Mientras tanto, estados de EE.UU. han tomado medidas propias para controlar el mercado desregulado de cáñamo. Productores de marihuana recreativa y medicinal argumentan que la falta de regulación de los derivados del cáñamo crea una competencia desleal.

La FDA ha alertado repetidamente sobre los peligros de estos compuestos, resaltando que estos productos pueden contener químicos nocivos. A principios de este año, autoridades de 20 estados y del Distrito de Columbia enviaron una carta al Congreso pidiendo la regulación de estos productos en el próximo Farm Bill.

En paralelo, el Comité de Asignaciones de la Cámara también votó para bloquear el intento de la administración Biden de reclasificar la cannabis bajo la ley federal, impidiendo al Departamento de Justicia utilizar fondos para esta reclasificación.

La medida, si se implementa, representará un hito en la regulación de productos derivados del cáñamo en EE.UU., reflejando una creciente preocupación por la salud pública y la seguridad de los consumidores.