El futuro de la regulación del cultivo de cannabis con fines medicinales en Brasil ha entrado en una nueva fase de espera. El martes (30), fecha límite establecida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Gobierno Federal solicitó a la ministra Regina Helena Costa, relatora del caso, una prórroga de 180 días para publicar la normativa que definirá las reglas para el cultivo y comercialización de la planta en el país.

La justificación para la solicitud de prórroga, según el Ministerio de Salud (MS) y la Anvisa, es la "alta complejidad técnica y regulatoria del tema", que requeriría una reestructuración interna en la agencia, además de la necesidad de un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y una consulta pública para garantizar la participación social. El nuevo cronograma propuesto extiende las etapas hasta marzo de 2026.

El plan de acción original, cuyo plazo ha expirado, preveía etapas cruciales que no se cumplieron, como la consolidación de contribuciones, el análisis jurídico del borrador y la aprobación final de la normativa. Ante el impasse, la pregunta que queda es: ¿cuál será el próximo paso del STJ? ¿La Corte puede aceptar la solicitud, rechazarla o imponer nuevas condiciones? Sechat conversó con cuatro abogados expertos en el tema para entender los escenarios.

Escenario 1: La prórroga del plazo

La tendencia, según los expertos, es que el STJ conceda el nuevo plazo, principalmente por tratarse de una acción contra la Unión. El abogado Murilo Nicolau explica que el enfoque del Poder Judicial tiende a ser más cauteloso. "Como estamos hablando del ente estatal, el poder judicial no puede interferir tan frontalmente. Siempre podría rechazar la solicitud de prórroga, pero como está fundamentada, creo que la Ministra no la rechazará", evalúa.

El abogado Clayton Medeiros está de acuerdo con la premisa y agrega que una regulación apresurada podría ser ineficaz. Para él, el reciente cambio en la dirección de la Anvisa y el diálogo iniciado con asociaciones de pacientes podrían jugar a favor de la concesión. "Manteniendo la armonía de los poderes, la tendencia es que se otorgue más tiempo. Además, si la regulación llega ahora, dejará de atender directamente los intereses de los pacientes. No tiene sentido cumplir el plazo establecido, ensayar el borrador y modificar el acto normativo dentro de seis meses", señala.

Escenario 2: Rechazo o imposición de nuevas reglas

A pesar de la probable concesión, el STJ tiene herramientas para endurecer las condiciones. La abogada Juliana Gomes destaca que el historial de incumplimiento por parte del gobierno debilita su posición. "El incumplimiento de etapas cruciales del plan anterior debilita significativamente la credibilidad del nuevo cronograma, aunque no impide la concesión de una nueva oportunidad", afirma.

Según ella, la Corte puede actuar para garantizar que la decisión se cumpla. "El Superior Tribunal de Justicia tiene competencia constitucional para preservar su autoridad. En la práctica, esto significa que el STJ puede conceder la prórroga, pero imponiendo condiciones más estrictas, como la fijación de un cronograma con plazos más cortos, la aplicación de multas diarias en caso de nuevo incumplimiento y la exigencia de informes periódicos", explica Gomes.

La abogada Bianca Uequed detalla las consecuencias de un posible rechazo. "En caso de denegación de la solicitud, lo que puede ocurrir son medidas coercitivas, con la aplicación de multas e, incluso, la responsabilidad de los agentes por no cumplir con la determinación judicial", destaca. También plantea la posibilidad de que el STJ conceda un plazo más corto que los 180 días solicitados, como un término medio.

La complejidad alegada y el impacto en los pacientes

Un punto central en la solicitud del gobierno es la necesidad de una normativa más amplia, que incluya, por ejemplo, el tetrahidrocannabinol (THC), lo que requeriría la revisión de otras normas, como la Portaria 344/98. Para Bianca Uequed, aunque el argumento es válido, no borra los años de omisión.

"Alegan que quieren hacer una normativa más amplia. Desde el punto de vista de la salud, podría ser muy importante", reflexiona Uequed. "Sin embargo, en cuanto al THC, tenemos un impedimento en la Portaria 344 de 98. Debería ser revisada, por eso argumentan que es un trabajo con muchos agentes", concluye.

Mientras el debate jurídico y administrativo avanza, los pacientes siguen en un limbo. El vacío regulatorio obliga a la judicialización y a la búsqueda de hábeas corpus para el autocultivo. Clayton Medeiros es enfático al señalar al principal perjudicado: "Quienes más se perjudican son los pacientes, sin duda. Por ahora, nada nuevo bajo el sol: omisión estatal y pacientes decepcionados".

Bianca Uequed finaliza destacando que la omisión prolongada puede constituir un ilícito y generar la obligación de indemnizar. "Esta demora injustificada puede ser entendida en acciones judiciales como una omisión ilícita del Estado. Los pacientes que hayan demostrado el agravamiento de la salud debido a esta falta de acceso pueden tener garantizado el derecho a indemnizaciones", concluye.